A lo largo de apenas 20 días el nuevo gobierno ejecutó con velocidad y virulencia decisiones que van desde la política económica a la justicia, el rol del Estado, la política exterior y el destino de los recursos públicos. El país atraviesa, por cierto, un proceso de cambios que lo ha conmovido al punto de tener que preguntarnos si existieron antecedentes similares.
En algo más de dos semanas el PRO, heredero de la tradición conservadora en Argentina, fuerza política que sólo había accedido al poder estatal por la vía de los Golpes de Estado y del fraude electoral, aplicó una política que día a día avanza en su objetivo clasista: debilitar a la clase trabajadora y redistribuir el ingreso favoreciendo al capital.
Repasemos: eliminación de retenciones (con excepción de la soja, que obtuvo una disminución de la alícuota), levantamiento de prácticamente todas las posiciones arancelarias (de 19 mil se pasa a 1000), liberalización cambiaria y monetaria, devaluación de la moneda del orden del 40%, anuncios de aumento de tarifas y quita de subsidios a las servicios públicos y el transporte, cuasi eliminación de los controles de precios (se reduce significativamente el programa Precios Cuidados), acuerdos con la banca extranjera para aumentar las reservas del Banco Central (retorno al ciclo de endeudamiento externo), emisión de bonos para obtener financiamiento externo (provincia de Buenos Aires), rechazo de las alianzas regionales (conflictos con Brasil y Venezuela) para priorizar el libre comercio con Washington (giro hacia Alianza Pacífico), anuncios de reducción del gasto y revisión del empleo público, anuncio de negociación de paritarias ajustadas a la productividad, eliminación de la información pública sobre precios (que de hecho bloquea esas negociaciones salariales), rebaja de impuestos a los autos de lujo. Y podríamos seguir.
Las similitudes con los procesos anteriores son notables. A diferencia de las dictaduras, la derecha llega al poder por la vía democrática y, como antes, denuncia una crisis inigualable que debía ser resuelta de manera impostergable, lo que también explica las avasallamientos al marco institucional (designación ilegítima de jueces de la Corte Suprema, eliminación de la Ley de Medios votada en el Congreso, remoción de los funcionarios que tenían mandato estipulado hasta 2017), la declaración de la "emergencia" en varias dependencias como recurso de justificación y el disciplinamiento a la clase trabajadora por la vía de la represión (como ocurriera en la protesta de los trabajadores de Cresta Roja). La colocación de gerentes de empresas multinacionales en los altos cargos del poder Ejecutivo indica a quiénes va a favorecer el nuevo gobierno. Igual que en el '55 y en el '76.
Extraído del portal de Tiempo Argentino
