Paritaria Docente trabada, persecución y Amenazas...

Repudio enérgico a las amenazas reiteradas al  Dirigente de Suteba, Roberto Baradel y su familia, así como también la intrusión policial, que sufrieron el viernes, en la conferencia de Prensa de la Ctera...
Estos hechos no hacen mas que afirmar, que estamos volviendo a nefastas practicas del pasado... ojo con esto, no debemos hacer la vista gorda...

Borrar con el codo

El razonable preacuerdo en la Paritaria Nacional Docente. La contramarcha de Macri, invadiendo competencias. Conflicto y policías de civil en puerta. Impacto de la PND en otras estatales y en las privadas. El protocolo de la otra ministra Bullrich.

La propuesta del gobierno en la Paritaria Nacional Docente (PND) sorprendió porque fue más que razonable, tanto que contradecía o por lo menos corregía la política económica del oficialismo.

Se podía avizorar la aprobación de los gremios y una serie de reacciones adversas de los gobernadores provinciales.

El ministro de Educación Esteban Bullrich divulgó los términos del acuerdo. Convocó a la firma del acta que lo formalizaba y luego, sin dar explicaciones, la postergó dos veces en días consecutivos lo que puso en alerta a los sindicalistas.

El presidente Mauricio Macri destartaló y crispó el escenario con declaraciones periodísticas el viernes. Anunció-exigió un techo del 25 por ciento para las paritarias provinciales (PP) lo que excede sus competencias e invade las provinciales.

El porcentaje de Macri es irrisorio, comparado con la inflación ya corrida y con lo convenido con su ministro. La disconformidad de los representantes de los trabajadores llegó de volea.

El gobierno ahora dice que es mejor diferir la PND para no influir sobre las provinciales. Todo lo contrario de lo que actuó hasta el miércoles. No solo dialogó: selló un acuerdo que solo faltaba rubricar. Esteban Bullrich lo propagó a los cuatro vientos. Luego se retractó o, mejor dicho, se contradijo.

Un cacho de historia: El mecanismo de las distintas paritarias docentes articuladas se implantó durante los gobiernos kirchneristas. Su función era y es tratar de reparar las secuelas de la política noventista, que provincializó funciones del Estado nacional sin trasladar los recursos correspondientes a los territorios.

El kirchnerismo receptó demandas de los trabajadores y articuló un mecanismo engorroso, con pluralidad de jugadores... e imprescindible.

La PND se negocia con las centrales nacionales del sector y fija el sueldo mínimo inicial para maestro de grado. Garantiza un piso que debe ser respetado por las provincias. El resto de la escala se pacta en cada jurisdicción.

Cada distrito define cuándo se realizan sus propias tratativas. Muchos la hacen antes que la nacional, en particular los que tienen “pisos” superiores a los de la PND. Hasta hoy no cerró ninguna, lo que es excepcional. Varias suspendieron las negociaciones previstas para la semana que hoy termina. Buenos Aires encabeza la lista.

La Nación también paga: Los docentes son más de un millón en todo el país. Los salarios los abonan las provincias, puede decirse que el Estado nacional no tiene escuelas. De cualquier forma, la Nación realiza aportes económicos a los salarios.

Uno es el Fondo de Incentivo Docente (FID), consecuencia de las luchas de la Carpa Blanca: un plus que va directamente a los sueldos provinciales, un complemento.

El Fondo de Compensación Salarial (FCS), de asignación específica, se aplica para mitigar las asimetrías de recursos entre los territorios. Se derivan dineros nacionales a algunas provincias, las más necesitadas a criterio del gobierno central, para que puedan solventar los sueldos. Su número varió en el correr de los años. En los primeros tiempos llegó a once provincias que, a riesgo de parecer escolar, equivalen a casi la mitad. Luego se fue reduciendo a seis o siete.

El Presidente dijo que ayudará a las provincias, con un fondo específico. No lo sinceró pero es el FCS ya vigente. En tinta limón, su promesa debe leerse condicionada a que los fondos llegarán para los que pacten el 25 por ciento, máximo.

Las universidades nacionales sí están a cargo directo del gobierno central que sostiene sus presupuestos. Los sueldos respectivos no se fijan en la PND pero, por razones evidentes de semejanzas, las variaciones anuales suelen ser homólogas al acuerdo marco con los docentes.

El otro lado de la mesa: Los gobernadores, susurran en el primer nivel del Gobierno, pusieron el grito en el cielo. La primera fue la bonaerense María Eugenia Vidal quien, chimentan, discutió cara a cara con Esteban Bullrich. El porteño Horacio Rodríguez Larreta clamó a su vez. Son dos macristas de ley. Seguramente hubo otros muchos, aliados u opositores. Sus ministros del área rezongaron de lo lindo en la reunión del Consejo Federal de Educación con Esteban Bullrich, el jueves 18. Se supone que el Gobierno debió sondear la posición de las provincias antes. Como mínimo, las que gestiona el PRO. Y como recontra menos debió imaginarlas, como haría hasta un principiante en política.

La moción de Macri asoma como inviable para los gremios y sus bases. En el contexto, luce como una provocación.

Si el piso aumentó mucho merced a la PND, las escalas superiores deben ir en consonancia, es un mandato de manual para los gremialistas. Ningún dirigente representativo puede apartarse mucho de la pauta, a la baja.

Básicamente medió un reconocimiento oficial tácito del aumento del costo de vida, más allá del verbo explícito de la Casa Rosada y zonas de influencia.

Además, si se pactara un porcentual muy reducido en las provincias se achatarían las escalas salariales, perjudicando comparativamente a maestras y maestros con más antigüedad, cargos de mayor rango y cargas de familia.

Los zapatitos me aprietan: La oferta oficial, se supone, sigue en pie aunque la falta de firma (un trámite, en esencia) echa un manto de duda.

Los aumentos proporcionales, en cuotas, rozaban el cuarenta por ciento. Un guarismo que contradice las declaraciones de los ministros Alfonso Prat-Gay, Jorge Triaca y Marcos Peña.

Las señales oficiales alertaban contra aumentos superiores al 25 por ciento fabulando que la inflación estará por debajo de esa vara.

Prat-Gay amenazó a los sindicalistas que irán a negociar convenios colectivos. Les espetó que deberán calibrar que estarán en juego aumentos versus despidos y que cada cual debía saber dónde le apretaba al zapato.

Toda la comunicación del macrismo divulgó ese criterio. Un 30 por ciento era el techo-tabú, inalcanzable. El acuerdo entre las partes de la PND horadó el cielorraso, de cualquier modo que se lo mire.

Educación añadió otros aspectos interesantes, perdurables, que irían más allá de la suba anual. Uno fue pactar, casi diríamos al desgaire, un par de puntos de aumento a principios de año como para hacer menos drástica la elevación actual.

El otro fue estipular que el sueldo inicial para docente de grado en lo sucesivo debía ser siempre cuanto menos un 20 por ciento superior al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), otro reclamo habitual de los gremios.

Debate sobre el cálculo: El modo de calcular los aumentos salariales es un debate mediático recurrente. Un porcentual que se abona escalonadamente se puede presentar (ejem, relatar) de distintos modos. Ni qué hablar de una convención colectiva que concierne a muchas categorías y que se difunde con un solo número, un porcentaje que se hace público como el aumento. Es una simplificación que “forma” sentido común.

Según sus intereses contingentes, los gobiernos, las patronales y los gremios eligen como presentarlos. Por ejemplo, esta vez, los medios dominantes y parte del mismo Gobierno tratan de “bajar” así sea en la enunciación, el aumento ofrecido, pensando en cómo puede repercutir en otros gremios. Cuando gobernaba en kirchnerismo elegían la presentación más baja, para acusarlo de avaricia.

El macrismo intenta deslindar el FID de la suba. Se elevó en 800 pesos para cada docente en dos pagos: es un esfuerzo fiscal de más de 800 millones de pesos. No es serio el deslinde: la plata es fungible, lo que entra en el bolsillo de los maestros sirve igual sin que importe la fuente de que proviene.

Los estatales, en general, se miran en el espejo de los maestros y no estarán predispuestos a quedar por abajo. El tópico fue planteado en la agresiva huelga de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales durante el último mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A las cúpulas de los sindicatos de actividades privadas no les gusta nada “sacar” menos que sus pares. Los descoloca ante sus bases. En esta etapa muchos de ellos, empezando por el titular de la CGT (ahora) oficialista Hugo Moyano, se comportan como herbívoros y hasta veganos. Pero su reputación se pone en juego y los laburantes están atentos a lo que se firme.

El efecto cascada o contagio, habitualmente desde que se implantó la PND se propaga a las convenciones colectivas del sector privado.

Danza y contradanza: La danza y contradanza del gobierno alimentó las perspectivas de escalar el conflicto. La dirigencia de Suteba lo explicó en una conferencia de prensa, el viernes. Tuvieron una visita inesperada e inédita: dos policías de civil sin identificación se apersonaron, preguntaron a periodistas y asistentes de qué se trataba el encuentro y qué personas estaban a cargo. Tal vez sea un conato de aplicación del flamante protocolo de la otra ministra Bullrich, Patricia (ver asimismo nota aparte). En todo caso fue un gesto prepotente jamás visto en democracia. Les salió mal: fueron identificados, denunciados. Fea la actitud.

Sabor a poco: El aumento del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias, anunciado con bambolla, supo a poco aún para los jerarcas sindicales más condescendientes. Para empezar se postergó sin fecha la presentación de un proyecto de ley que reforme las escalas y las alícuotas, fije criterios de actualización anual. Y, de modo más general, regenere el desbarajuste que es el régimen actual, se esté o no de acuerdo con él.

El parche transitorio mantiene las contraindicaciones de movidas similares del kirchnerismo años ha. Para empezar, es bien factible que algunos de los supuestos “beneficiarios” dejen de serlo cuando suban sus sueldos por aplicación del convenio colectivo. Los concernidos son siempre menos que los estimados en los anuncios del gobierno, es un clásico. Quienes estén hoy apenas por debajo del mínimo no imponible tendrán que contratar a un contador para saber si les conviene ganar más nominalmente pero cobrar menos por superar el límite.

En el mejor de los casos para el Gobierno la acción atañe a un diez por ciento de la clase trabajadora empleada.

Es muy voluntarista suponer que el bálsamo bastará para frenar las necesidades y reclamos del conjunto, supuestamente “condenado” a aceptar por primera vez desde 2004 convenciones colectivas a la baja.

Algunos gremios “de punta” vienen cerrando por cifras mucho mayores, aunque sin meter bulla. Los Bancarios acordaron una suma fija-puente, difiriendo la paritaria. Como el incremento ya forma parte del sueldo, es casi imposible que no terminen cobrando más de un 35 por ciento de aumento.

Otros que ya convinieron horadar el techo con su patronal son los aceiteros.

Los demás quedan con barbas en remojo, con el contexto enmarcado por las contradicciones de la PND.

El rebusque de desdoblar las convenciones colectivas sigue en la caja de herramientas. El mecanismo es problemático porque reabre el conflicto distributivo. Se puede trasformar en pesadilla si la inflación ya no ceja cuando haya llegado el invierno.

A ocho días: El 29 de febrero deben empezar las clases y no se ha cerrado ninguna paritaria. La ambición oficialista de mostrar un comienzo de ciclo ordenado está en vilo, producto en buena medida de sus propias idas y venidas.

Macri, seguramente, intenta buscar convertirse en el campeón de los gobernadores pero a la larga a estos no les convendría que se postergara el inicio de las clases. Es un perjuicio expandido que recae sobre millones de familias. Ha sido un cuadro habitual y creciente durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El macrismo atisba un horizonte similar.

El primero de marzo el Presidente abre las sesiones ordinarias del Congreso. Confiaba en dedicar su discurso a apostrofar contra la herencia kirchnerista, hacer un puñado de denuncias de corrupción y algunos anuncios.

Lo sucedido en estos días, que arrojará novedades la semana que viene, le cae como peludo de regalo. Auto regalado, en buena dosis.

 Por Mario Wainfeld- Pagina12 domingo 21/02/16

El gobierno reduce su oferta salarial de 40% a 25% y traba la paritaria docente

Si bien trascendió el acuerdo por un aumento de un 40% en la paritaria nacional docente, ahora el ministro de Educación Esteban Bullrich y hasta Mauricio Macri salieron a aclarar que el incrementó será de un 25%. ¿El gobierno marcha hacia un ajuste más salvaje?

El miércoles a la noche trascendió que la reunión entre el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y los cinco gremios docentes nacionales había sido exitosa. Incluso se comunicó que ambas partes habían llegado a un acuerdo: un aumento del 40,1 por ciento.

"El ofrecimiento oficial representa un incremento del 40,1 por ciento a pagarse en febrero y julio, que elevará el sueldo inicial de los actuales 6.060 a 8.500 pesos, incluyendo un aporte adicional del Fondo de Incentivo Docente", evaluaron luego de la reunión los gremios docentes.

Sin embargo, hoy el ministro Bullrich salió a desmentir esa cifra, en una entrevista que le concedió al diario La Nación. "Es evidente que se trata de una manipulación por parte de los gremios", se quejó Bullrich, quien señaló que su propuesta fue del 25 por ciento.

Aclaró, entonces, que existe un "15 por ciento" extra correspondiente al "fondo de incentivo docente" que "lo cobran sólo 55.000 docentes, sólo un cinco por ciento del total del país, que son los maestros con salarios más bajos".

"El acta que propusimos, y que todavía no está firmada, establece que los docentes pasen a ganar el 20 por ciento más que el salario mínimo vital y móvil. El 25 por ciento de aumento, más el 15 del fondo de incentivo docente, lo cobran sólo 55.000 docentes, sólo un cinco por ciento del total del país, que son los maestros con salarios más bajos", precisó.

En declaraciones al diario La Nación, Bullrich dijo que "con el fondo de compensación el Gobierno ayuda a los gobernadores a llegar a pagar los salarios, y además en las medidas que el Presidente anunció hoy (Ganancias y asignaciones familiares) se vuelve a beneficiar a los docentes, porque la mayoría son mujeres y sólo uno de los dos integrantes de cada pareja debe tributar".

"Si se suma el 25 por ciento que ponen las provincias a los 500 pesos que nos comprometimos a pagar como fondo de incentivo nos da alrededor de un 32 por ciento. Después, si los gremios salen a decir que nos torcieron el brazo y lograron el 40 es otra cosa", afirmó.

Pero no sólo Bullrich aclaró los tantos: el presidente Mauricio Macri, en diálogo con Cadena 3, afirmó, ante una consulta sobre si existen límites en dicha paritaria: "Ninguna provincia puede poner más del 25 y algunas han dicho que pueden poner menos".

El jefe de Estado dijo que ese tope se registra "dada la situación económica que hay en el país, el nivel de déficit y la situación económica de Brasil; todos están proyectando un nivel de ingresos que no es tan bueno como el que se tuvo el año pasado".

"No tengo dudas de que todos los gobernadores van a hacer el máximo esfuerzo posible" en las ofertas a los docentes, dijo Macri, aunque indicó que hay un "límite que no llegue más de lo que puedan recaudar" las provincias.

Así, ante este cambio de postura se multiplican las sospechas del giro del gobierno de Macri hacia una línea más dura, de recorte y ajustes salariales.

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Se agudiza el conflicto docente en la Provincia de Buenos Aires

" LO QUE HOY ERA UNA NEGOCIACIÓN, COMIENZA A SER UN CONFLICTO "

 Palabras de la secretaria gremial de suteba, Maria laura Torres, que encabeza las negociaciones de las paritarias docentes en la provincia de buenos aires, luego de la reunion de hoy, y rechazando una nueva propuesta que fue del 24,1 %, en tres tramos... debemos aclarar que la propuesta anterior fue de 23, 6% con la misma forma de pago...

En una nueva reunión de Comisión Técnica Salarial el gobierno de la Pcia de Buenos Aires presentó una propuesta que solamente difiere en medio punto de la presentada el 3 de febrero.

En un comunicado explican:

En consecuencia el FGDB rechazó la misma por:

- Insuficiente

- No contempla el recupero del poder adquisitivo del salario del Trabajador de la Educación, deteriorado por el proceso inflacionario y las recientes medidas económicas nacionales.

- El desglose en tres etapas impide una paritaria abierta para corregir futuros impactos sobre el salario docente.

El FGDB reiteró en el marco de la Comisión Técnica Salarial:

- La demanda de un salario inicial para todos los docentes que supere los 10.000$ .

- El reclamo de un aumento significativo en el Básico para que impacte en la recomposición de todo el Escalafón Salarial y lo perciban los Docentes Jubilados.

- Asimismo se demandó la Paritaria abierta

A su vez el FGDB expresa su preocupación por la falta de avances en las Comisiones Técnicas de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral no dando respuestas a:

- Infraestructura

- Transporte

- Comedores Escolares

- Cobertura de cargos

- Situación irregular de las prestatarias médicas.

Los Sindicatos en el país de los CEOs

Algunos sindicalistas ya no tienen con quien hablar en el gobierno, otros quedaron alineados y con cargos. El sociólogo Nicolás Damin analiza cómo se perfilan las relaciones con los nuevos funcionarios, muchos de ellos representantes de empresas, y el desarrollo de la primera discusión paritaria. ¿Se unificará finalmente la CGT? ¿Cómo incidirá la interna del PJ y del FPV en la dinámica gremial?¿Qué tan lejos queda el sueño moyanista de llevar a un trabajador a la Rosada?

Algunos sindicalistas de la CGT negocian directamente con el presidente Mauricio Macri. Otros con el ministro de Trabajo Jorge Triaca. La mayoría de los Secretarios Generales sólo accede al teléfono de Hugo Moyano (Camioneros), Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Gerónimo Venegas (Rurales), Amadeo Genta (Municipales), José Lingeri (Obras Sanitarias) o a sus segundas líneas. Los que apostaron a fondo por la candidatura de Daniel Scioli, como Antonio Caló (Metalúrgicos) aún no tienen interlocutores de peso en el nuevo gobierno. Las elecciones nacionales modificaron de forma radical los vínculos políticos entre los sindicatos peronistas y el Estado, y alteraron ganadores y perdedores en los beneficios del ingreso privilegiado a las oficinas públicas.

Ante esto aparecen varios dilemas. ¿Cómo se perfilan las relaciones con las flamantes autoridades, muchas de ellos, CEOs representantes de empresas? ¿Cómo se desarrollará la primera discusión paritaria en un gobierno en el cual el PJ no forma parte de la coalición? ¿Se unificará finalmente la CGT? ¿Cómo incidirá la interna del PJ y del FPV en la dinámica gremial?

“Algún día los trabajadores llevarán un trabajador a la Casa Rosada”, dijo Hugo Moyano en un acto de las 62 Organizaciones Peronistas de Capital Federal en el microestadio de Ferro en el año 2010. El conflicto de su sector y el Frente Para la Victoria comenzaba a percibirse y finalizaría con la CGT Azopardo fuera del gobierno y en apoyo, años más tarde, a la candidatura presidencial de Cambiemos.

El verano del 2016 se presenta como explosivo para el universo sindical. La devaluación de la moneda, el incremento de los precios básicos de alimentos y servicios públicos, los despidos y la no renovación de contratos de miles de empleados estatales (nacionales, provinciales y municipales), producen una sensación generalizada de incertidumbre en los sectores asalariados y presionan sobre aquellos que intentan reivindicar su representación legal. En este contexto, el sindicalismo vive su mayor fragmentación en décadas, con cinco centrales obreras y más de tres mil sindicatos que, en muchos casos, compiten por la misma base de trabajadores. Más del treinta por ciento de ellos se encuentra no registrado. Un porcentaje mucho mayor, por supuesto, no está sindicalizado. A pesar de ello, el gremialismo argentino conserva niveles de afiliación y de infraestructura como en sus mejores épocas, con universidades, hospitales, colonias de vacaciones y hoteles en todos los centros turísticos del país. ¿Cómo se posicionará ante la administración?

La respuesta parecía evidente el 17 de diciembre de 2015 cuando el plenario de casi todas las asociaciones se inclinaba por la re-unificación de la CGT y un acuerdo amplio con el gobierno electo. El mismo estaría basado, según el reclamo gremial, en mantener el nivel de salarios y ocupación, la reducción del impuesto de las ganancias, el aumento de las asignaciones familiares y la distribución de los fondos para las obras sociales. Recursos que se calculan en 26 mil millones de pesos. Pero con el correr de los días se hizo evidente que las exigencias sindicales para adherir a un acuerdo social de gobernabilidad colisionaban, por lo menos, con los planes del ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay para “la estabilización macroeconómica y combate a la inflación”. Según sus dichos era necesaria una contracción inmediata del consumo y de la emisión monetaria para la atenuar el incremento galopante de precios.

Los márgenes para el pacto sindicatos-gobierno se achicaron. Los teléfonos empezaron a sonar con invitaciones a comer y opciones de salvación individual ofrecidas por las nuevas autoridades a cada Secretario General. Colocar un hombre de confianza en algún cargo clave. Asegurar futuros recursos para la rama de actividad. Un contacto de más alto nivel con el gobierno nacional. Entonces, la re-unificación de la CGT comenzó a posponerse para marzo o para el invierno. En ese marco, la tensión entre pelear por la propia asociación gremial, por los trabajadores del sector y por el resto de la clase trabajadora desde una posición común resulta conflictiva para los delegados.

Si enero fue un mes de silencio, evaluación, discusión interna y vacaciones de muchos sindicalistas ante la ola de 25.000 despidos, febrero comenzó con el inicio de las discusiones mediáticas por la próxima paritaria: una guerra de declaraciones sobre el techo del aumento salarial, fijado en 25% el 2 de febrero por Triaca y criticado por los gremialistas de la CGT y la CTA. A última hora de ese día, el presidente mencionó a la prensa que convocarían a los sindicalistas para “dialogar”. Aparentemente, la presión tuvo éxito, y la negociación sería directamente con Macri. Los sindicatos quieren ser otra vez un factor de poder, que los tengan en cuenta en la toma de decisiones. Es materia de futurología saber si lo lograrán.

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El conflicto desatado por el derrumbe de los precios internacionales del petróleo muestra dos resoluciones del nuevo gobierno. Por un lado, en Chubut, ante la paralización de la producción por la nula rentabilidad y con la posibilidad de licencias generalizadas, los gremialistas hicieron asambleas masivas, movilizaron a la población y a los políticos locales, llevaron la confrontación a las últimas consecuencias y, al final lograron una solución similar a la aplicada por la administración anterior: subsidiar, entre la nación y la provincia, 10 dólares cada barril de crudo y no cesantear por seis meses a los trabajadores. Por otro lado, en la cuenca neuquina, ante la misma situación, el sindicato liderado por el senador nacional Guillermo Pereyra alcanzó un acuerdo con las empresas (la más grande es YPF) y el gobierno para conservar a los 1500 operarios que están parados en sus domicilios. En este caso, el corazón del pacto fue el compromiso sindical de apoyar la re-conversión de los equipos de extracción petrolera a gasífera (shale gas), que pueden ser utilizados por los mismos empleados, y 2500 suspensiones rotativas por tres meses con el pago de medio sueldo no remunerativo (20.000$ de promedio). En ambas zonas productoras se espera que un importante contingente de petroleros pueda jubilarse, dado que en septiembre pasado el ministro Tomada amplió el beneficio a todos los trabajadores de la actividad que cuenten con 25 años de servicios y 50 años de edad. Subsidios públicos, suspensiones y el compromiso de alteraciones en la producción fueron los ejes de los acuerdos a cambio de una paz social provisoria. Es posible que en las áreas estratégicas, donde el poder sindical es mayor, este sea un combo para las próximas semanas.

Una situación diferente enfrentan los empleados estatales, que generan beneficios sociales y no rentabilidad empresaria, donde los despidos alcanzan decisiones político-ideológicas, en áreas clave como derechos humanos. La estratagema gubernamental fue la finalización masiva de contratos, muchos de ellos precarios, pero otros con décadas de antigüedad. Los gremios reaccionaron de forma dispar y fueron criticados por numerosos actores sociales, muchos de los cuales, paradójicamente, no están sindicalizados. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro para el 24 febrero por la reincorporación. La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y ATE realizaron el 3 de febrero, una concentración en el ministerio de Cultura para exigir una negociación. Parece un cambio de modalidad, ya que ambos sindicatos raramente actúan de forma conjunta, y da cuenta de la percepción de la magnitud de la crisis del empleo estatal que no solo se concentra en supuestos trabajadores sin funciones, contratados en los últimos días del gobierno de CFK, sino en la totalidad de los empleados públicos y en la estabilidad legal de sus tareas. El escenario está abierto y recién comienza. En marzo terminan miles de contratos renovados por tres meses a principio de año por el decreto 254/2015 del gobierno de Macri. Se prevén resoluciones distintas en cada actividad y delegación, que dependerán del poder de presión y acumulación de apoyos externos e internos de los gremios y, en todos los casos, de los propios trabajadores. La represión para finalizar el corte de ruta de los obreros de la empresa avícola Cresta Roja y la detención política de la dirigente de la CTA Milagro Sala son caras de la misma ecuación.

En ese contexto, la interna peronista y kirchnerista aparece como un factor posible de contención o debilitamiento sindical, en función de las líneas y agendas que sigan las autoridades partidarias y las alianzas que tejan con los gremios. Si el Frente para la Victoria (FPV-PJ) elige una estrategia de confrontación, los sindicalistas que adhieran a ella tendrán un vital apoyo extra. Si la coalición del FPV se fractura, los sindicalistas que quieran apoyar al nuevo gobierno tendrán refuerzos de diputados, senados y gobernadores para negociar con Macri. Por ejemplo, el Partido Fe liderado por Venegas es parte integrante de CAMBIEMOS y el diputado moyanista Jorge Mancini es miembro de la bancada oficial.

Hoy se pautó una reunión Consejo Nacional del PJ para avanzar en la renovación de autoridades. Se comenzarán a divisar los realinamientos internos y el conteo de fuerzas y miembros de cada grupo, a saber: los leales a CFK, los críticos a su liderazgo y los indecisos. Las derrotas electorales del 2013 y 2015 generaron un replanteo de la agenda partidaria y de las lealtades. Hace algunas horas, un grupo de diputados, entre los que se encuentra Diego Bossio y las redes que responden al gobernador salteño Juan Manuel Urtubey se alejaron del bloque de diputados del FPV, que perdió la primera minoría de la Cámara de Diputados. El encuentro se realizó en el sindicato de taxistas que conduce Omar Viviani. En este contexto, un sector de las bases que participó activamente en la segunda vuelta electoral inició una campaña de reafiliación al PJ. La Juventud Sindical Peronista, ligada a la CGT Alsina y a los sindicatos que siguen a Caló, junto a UPCN, Curtidores y el Suterh, entre otros, son la base sindical de la iniciativa.

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Numerosos analistas han señalado que el núcleo duro de toma de decisiones del PRO está conformado por CEOs de grandes compañías, con escasa o nula experiencia política o de gestión estatal. Sus trayectorias personales y profesionales se forjaron en la disputa cotidiana e íntima con los sindicalistas en los lugares de trabajo.

El desempeño de los gerentes en esas batallas diarias es vital para lograr los objetivos fijados por los propietarios de las empresas: evitar paros, negociar cambios de horarios y de salarios, ampliar y reducir el personal y la producción, etc. Sus carreras dependen de ello. Los CEOs aprenden en la dinámica de la producción a ser tiempistas en sus relaciones con los gremialistas, a ganar, empatar y perder, a vivir en tensión permanente, a negociar, a conocer su educación sentimental, sus deseos secretos, virtudes y miserias.

El ministerio de trabajo está ocupado por algunos de ellos, conocedores del mundo sindical, con contactos personales y familiares de años. En su primer momento, Jorge Lawson fue postulado como ministro, pero los sindicatos lo vetaron por sus vínculos empresariales. Luego, Triaca asumió el cargo y su Viceministro escogido es un ex gerente de Recursos Humanos de la multinacional Techint. El nuevo gabinete se completó con personas ligadas al entramado y a las redes gremiales: Ernesto Leguizamón (jefe de Gabinete) y Ezequiel Sabor (secretario de Trabajo) tienen relación directa con Moyano, Barrionuevo, Mangone y los denominados “Gordos” o gremios de servicios. El esquema se completa en otros ministerios, como el superintendente de Salud, Luis Scervino, hombre de Lingieri, encargado de regular, controlar y distribuir los fondos de las obras sociales sindicales. Eso hace suponer que los sindicalistas mantendrían en Trabajo una institución de negociación con el Estado que ganaron en la década del cuarenta y siempre han intentado conservar, independientemente de quienes sean las autoridades nacionales.

El resultado de las paritarias y de las relaciones entre sindicalistas y Cambiemos es incierto y depende de la evolución de los planes oficiales, aún no totalmente conocidos. También de la cintura política de los funcionarios, la incidencia de la interna peronista, que casi todos los sindicalistas juegan y, fundamentalmente, de la evolución de la economía, que desvela a las almas de quienes disputan recursos en el mundo de la producción y el consumo.

Durante este verano las colonias y los hoteles sindicales estuvieron con ocupación plena. En unos días, las mochilas, guardapolvos y útiles escolares llegarán a los hijos de los afiliados sindicales, que es históricamente un momento de felicidad para la familia sindical. Alguno de ellos se casará y tendrá su luna de miel gratuita pagada por el gremio. También desearán el asado dominical, comprar ropa y actualizar el auto. Entonces sus delegados se debatirán en cómo organizar el descontento generalizado.

Revista Anfibia

EL TITULAR DE SUTEBA, ROBERTO BARADEL, HACE SU BALANCE LUEGO DE LA PRIMERA REUNION POR LAS PARITARI

“Esperamos una propuesta consistente”

El representante de los docentes bonaerenses advierte sobre la posibilidad de un escenario de conflicto luego del rechazo a la primera oferta del gobierno de María Eugenia Vidal. Los despidos y la criminalización de la protesta.

“Para que no haya un escenario de conflicto hace falta decisión política”, advierte el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, luego de rechazar el 23,6 por ciento de aumento que el gobierno de María Eugenia Vidal ofreció en la primera reunión de la paritaria docente bonaerense. Miembro de la junta ejecutiva de Ctera nacional, Baradel repudia los despidos de estatales, destaca que “bajo el argumento del reordenamiento el gobierno ha hecho una fenomenal transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía”, señala que “como CTA de los Trabajadores estamos absolutamente predispuestos y generando estrategias para acercar a las diferentes expresiones del movimiento obrero” y manifiesta su preocupación por lo que advierte como “una estrategia (de la gestión Cambiemos) de criminalizar la protesta social, demonizar a los dirigentes que salen a pelear y luchar ante el conjunto de la sociedad, mentir para tratar de deslegitimarlos, reprimirlos y encarcelarlos”. “Creo que el gobierno está tomando una línea absolutamente peligrosa, que no es democrática y que está a tiempo de revertir”, dice.

–¿Qué balance hace de la primera reunión de la paritaria?

–Primero, que la negociación debió haber empezado en enero. Las primeras propuestas de los gobiernos siempre son bajas pero en este caso además de insuficiente (por el porcentaje) es inconsistente por la forma de pago: 4 por ciento en enero y 6 por ciento en marzo significan 434 pesos hasta agosto, cuando pasarían a 610 pesos más un plus que llevarían el porcentaje el 23,6. Si la boleta de luz va a venir con aumentos del 500 o 600 por ciento y el aumento es de 400 pesos la oferta es inconsistente. Y es insuficiente porque no recupera el poder adquisitivo del salario. El Gobierno se tiene que dar cuenta de esa realidad. Entiendo que pretenden establecer un techo del 25 por ciento y más allá de que (el jefe de gabinete) Marcos Peña lo desestimó a nosotros nos dicen que la pauta de Economía es que no pueden superar el 25 por ciento.

–Lleva años negociando paritarias con gobiernos peronistas. ¿Encuentra diferencia en los nuevos interlocutores?

–No, en términos de negociaciones todos los gobiernos cuando asumen intentan tener diálogo con los docentes. En particular en esta gestión tanto la Dirección General de Cultura y Educación como el ministerio tienen predisposición al diálogo, que de alguna manera se contradice con las propuestas que hacen en materia económica. Han dicho que la educación y los docentes son prioridad pero estas propuestas no demuestran lo expresado en campaña. Ahí vemos que se plantea una negociación compleja, seguramente por las pautas que establece la estrategia política del gobierno nacional. Eso le da mayor complejidad a la discusión.

–El Gobierno instaló como parámetros aumentos del 20 al 25 por ciento, lejos de las expectativas de los sindicatos. ¿Qué escenario imagina para el mediano plazo teniendo en cuenta que la paritaria docente suele convertirse en referencia?

–Nosotros estamos pensando en el 12 de febrero (la segunda reunión) más que en el 29 (cuando deben comenzar las clases) y esperamos que presenten una propuesta consistente. Es clave que el gobierno entienda que tiene que priorizar la educación pública y que el salario docente se debe tomar seriamente, como los salarios de todos los trabajadores. Si el gobierno dice priorizar a los docentes y está en búsqueda de una educación de calidad lo primero debe ser el reconocimietno salarial por la tarea. En ese punto el escenario que pensamos debería ser de razonabilidad, de racionalidad, que permita avanzar en la negociación colectiva. Obviamente si el Gobierno persiste en una propuesta que implica la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y de los docentes en particular, eso hacia adelante significará un escenario de conflicto.

–Uno de los sellos distintivos de la gestión Macri son los despidos de empleados públicos. ¿Teme por el gremio docente?

–Ante todo rechazamos en forma categórica los despidos de empleados públicos y la adjetivación de “ñoquis” porque bajo el argumento de que “no quieren ñoquis” buscan producir un fuerte ajuste en el Estado. En provincia de Buenos Aires, más allá de algunas dependencias, no se dio en forma tan masiva como en Nación. En el caso de los docentes hace tres años logramos en paritarias la estabilidad de 370 mil docentes en todo el país. Han quedado afuera, como precarizados en algunas provincias, docentes de los programas socioeducativos que sostiene el Ministerio de Educación de la Nación, como el plan Fines, las orquestas juveniles, el programa de formación docente, entre otros. Le planteamos como prioridad al gobierno nacional que estos programas continúen y (el ministro Esteban) Bullrich garantizó que iban a continuar. Por supuesto aspiramos a poder avanzar en la estabilidad y en la paritaria actual vamos a reclamar que los aumentos se trasladan a estos programas.

–El viernes, cuando se concrete la segunda reunión, van a faltar sólo 17 días para el inicio de clases. ¿Es optimista en llegar a un acuerdo antes de esa fecha?

–Más que optimista soy prudente en imaginar escenarios. Prefiero la prudencia porque creo que hay gran expectativa del conjunto de la sociedad para que se inicie el ciclo lectivo, todos los papás lo quieren. Pero también saben de los aumentos, saben que la pérdida del poder adquisitivo no es del 20 por ciento y que los docentes necesitamos salarios justos. Estamos poniendo la mejor predisposición al diálogo para resolver esta situación en la mesa de paritarias. Es más, venimos reclamando desde diciembre, con la debida antelación. Para que no haya un escenario de conflicto hace falta decisión política. Así como no han tenido reparos en tomar decisiones políticas como la devaluación, la quita de retenciones (que no benefició sólo a pequeños productores sino a los sectores más concentrados), los aumentos de combustibles (cuando el precio del barril de petróleo baja a nivel mundial acá lo aumentan), aumentos de tarifas de entre un 500 y un 700 por ciento para una gran fraja de la población, y están pendientes aumentos del transporte público y gas, entonces de ninguna manera el gobierno puede pedirle a los docentes que con 400 pesos en marzo hagamos frente a todas estas obligaciones. Porque tenemos familias y debemos sostener las cuentas como todo trabajador. En el caso mío y de muchísimos docentes mandamos a nuestros chicos a la escuela pública. Tengo cuatro hijos, una nena que empieza el jardín y me encantaría que el 29 empiecen las clases. Pero también que el gobierno sea consciente de la situación de los trabajadores de la educación a partir de las medidas que tomaron y den respuestas positivas.

–Le iba a preguntar justamente sobre su balance de las primeras medidas del Gobierno, pero es claro que es negativo.

–Es que bajo el argumento del reordenamiento han hecho una fenomenal transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía en perjuicio de los trabajadores. Si no hay paritarias libres, si intentan poner un techo y perdemos poder adquisitivo van a perjudicar también a las pequeñas y medianas industrias ya que eso deriva en caída del consumo, parate de la producción, suspensiones y despidos no sólo en el sector estatal sino también en el privado. Es un camino que lleva a enfriar la economía y de alguna manera a avalar la estrategia de Prat-Gay cuando plantea que los sindicatos saben dónde aprieta el zapato, si defienden puestos o salarios, en función de que si hay un ejército de desocupados se sabe que la discusión salarial va a la baja. Muchas veces las patronales extorsionan con esas palabras del ministro, “aumentos o despidos”, y no estamos dispuestos a que esto vuelva a suceder en el país porque acá algunos viven bien y la mayoría mal.

–Como dirigente de la CTA, ¿piensa que es posible un mayor acercamiento entre las centrales sindicales en este escenario?

–Creo que sí y propicio la unidad del movimiento obrero. Como CTA de los Trabajadores estamos absolutamente predispuestos y generando estrategias para acercar a las diferentes expresiones del movimiento obrero. Cuando se llevan adelante políticas que afectan los ingresos de los trabajadores, lo más inteligente y lo más correcto es unir fuerzas en función de defender los intereses de la clase trabajadora. No hay posibilidad de defender a los trabajadores si no se avanza en niveles de unidad y organización, por eso es clave un acercamiento entre las centrales. Esto no quiere decir que de un día para el otro se van a fusionar, porque hay diferentes expresiones, diferentes trayectorias, eso hay que entenderlo, pero creo que tenemos que ponernos de acuerdo en lo básico: defender el trabajo de los argentinos, los salarios y la continuidad de políticas públicas que vayan en el sentido de terminar con la pobreza y la indigencia y tener un país con una justa distribución de la riqueza, no con más concentración en algunos sectores en detrimento del conjunto de la sociedad.

–Usted estuvo en Jujuy tras la detención de Milagro Sala para denunciar la criminalización de la protesta y antes en La Plata repudiando la represión a los municipales. ¿Cómo imagina la respuesta del gobierno ante un escenario de movilizaciones y reclamos crecientes?

–¿Cómo debería ser la respuesta del gobierno? Debería aceptar que las organizaciones sociales, sindicales y diferentes instituciones tenemos derechos legítimos a la protesta y a la huelga cuando hay políticas que afectan los intereses del conjunto. ¿Cómo la imagino? Lamentablemente no son para nada alentadoras las respuestas que han dado primero con Cresta Roja, con represión. Con Milagro Sala, un encarcelamiento por montar un campamento y una acusación de tumulto e instigación al delito. En Río Negro, con la detención de compañeros de la CTA autónoma Y en La Plata, cuando los trabajadores salieron a reclamar por 4500 despidos y los reprimieron brutalmente. El gobierno tiene que aceptar el juego democrático en cuanto a que la protesta es legítima y el derecho de huelga es constitucional. ¿Cómo lo imagino? Lamentablemente en una estrategia de criminalizar la protesta social, demonizar a los dirigentes que salen a pelear, mentir sobre esos dirigentes, tratar de deslegitimarlos, reprimirlos y encarcelarlos. El gobierno está tomando una línea peligrosa, que no es democrática y que está a tiempo de revertir. Es uno de los temas que las centrales sindicales deberían hablar con el gobierno: los despidos, cómo se sostiene el trabajo, como se recupera el poder adquisitivo, y plantear que no se pude criminalizar la protesta social, que es un derecho de los trabajadores, de los movimientos sociales y de los ciudadanos.

Reportaje a roberto baradel en pagina 12 --- 08/02/2016

Jornada Nacional de Protesta convocada por la CTA

Se resolvió la participación masiva en la Jornada Nacional de Protesta convocada por la CTA Nacional en el marco de la unidad en la acción para el 24 de Febrero

Encabezado por el Secretario General de CTA Provincia de Buenos Aires Roberto Baradel y sus Secretarios Adjuntos Daniel Pérez Guillén y Raúl Calamante, con más de un centenar de Secretarios Generales, Adjuntos y representantes de las distintas Comisiones Ejecutivas de las 40 regionales de la CTA provincia de Buenos Aires, se realizó hoy en la sede provincial de la ciudad de La Plata el Plenario para organizar las diferentes acciones para garantizar las fuentes de trabajo, las paritarias libres y sin techo, la no criminalización de la protesta social y contra la violencia institucional.

El Plenario de Secretarios de la CTA Provincia de Buenos Aires resolvió participar activamente en la Jornada Nacional de Protesta, que en el marco de la unidad en la acción con otras organizaciones, fue convocada por la CTA Nacional para el próximo 24 de febrero. La CTA provincia de Buenos Aires propuso ser protagonista en cada distrito y en cada región.

Al mismo tiempo, el Plenario de Secretarios de la CTA denunció que “el Ejecutivo Nacional pretende un techo a las paritarias y recomiendan a los gremios "poner el hombro". Mientras que todas las medidas adoptadas van en una sola dirección: el beneficio de los grupos concentrados de la economía”.

Cabe destacar que “un reciente informe de CIFRA (centro de estudios económicos de la CTA) detalla que el poder adquisitivo de los trabajadores del sector privado retrocedió entre un 7,6 y un 10,1 por ciento en el periodo noviembre y enero. Y del mismo se desprende que es el mayor golpe al salario real de los últimos trece años, solo superado por la mega devaluación de 2002.

El demérito de la moneda, el ascenso en las tasas de interés, la liberalización del movimiento de capitales, la apertura económica y el endeudamiento externo, constituyeron las medidas inaugurales del gobierno de Cambiemos.

El camino de la restauración conservadora continúa con aumentos tarifarios de hasta un 700% en luz, gas, agua y aumentos de otros servicios (peajes, transporte), desregulación de los precios de los alimentos y finalmente los masivos despidos de trabajadores del sector público y privado.

La instrumentación de su programa de ajuste se vale del encarcelamiento de dirigentes sociales y sindicales, de la represión a la protesta social, de la censura a periodistas críticos, de la persecución política para acallar voces que interpelen sus medidas.

Frente a este escenario, la CTA Provincia de Buenos Aires le exige a la Gobierno provincial y municipal el cese de despidos arbitrarios, avanzar en paritarias libres y sin topes máximos, recomponer las políticas públicas recortadas, terminar con la represión a los trabajadores y pronunciarse en favor de la libertad de Milagro Sala.

Los trabajadores enrolados en la CTA también rechazamos el endeudamiento a expensas del pueblo, los monitoreos y las políticas nefastas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la insistencia de los tratados de libre comercio.