miércoles, 30 de octubre de 2013

Tres poderes del Estado debieron dedicar recursos y saberes para que un solo grupo se adecúe a derecho...

Por Diego Jaimes

El Estado, la sociedad civil y la movilización popular

El flamante fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno a la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pone de nuevo en marcha la posibilidad de aplicación total de la norma y abre el camino, no solo para que el grupo de medios más influyente cumpla con la ley, sino también para continuar con el proceso social y colectivo de democratizar los medios de comunicación.

El 29 de octubre de 2013 quedará en la memoria de nuestro país como el día en el cual el Estado hizo valer su rol como ordenador de la sociedad frente a las corporaciones económico-mediáticas. Tres poderes del Estado, que representan de distintas maneras la soberanía popular, debieron dedicar recursos, saberes y equipos técnicos durante varios años para que un solo grupo de medios -el más influyente de la Argentina- se adecúe a derecho.

El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó en marzo de 2009 el proyecto de ley que se propuso reemplazar al viejo decreto-ley 22.285, escrito a sangre y fuego por la dictadura militar. El Poder Legislativo se expresó claramente, a partir del acuerdo de distintas fuerzas políticas, y votó ese proyecto por amplia mayoría -con importantes modificaciones- tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores pocos meses más tarde. Y la máxima expresión del Poder Judicial -la Corte Suprema de la Nación- confirmó la constitucionalidad de todos y cada uno de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, luego de cuatro años de intensa disputa en el plano jurídico.

Pero también la sociedad civil jugó un rol preponderante en este proceso, cuando desde las radios comunitarias, los sindicatos de trabajadores de la comunicaciónn, los pueblos originarios, las universidades públicas, los organismos de derechos humanos, los artistas y músicos independientes -entre muchos otros actores sociales- elaboraron los “21 puntos por una Radiodifusión Democrática”, que sirvieron de base para el texto de la Ley más discutida de la democracia. La que se elaboró con mayor participación popular. La más fundamentada y comparada a nivel internacional.

La reciente decisión de la Corte sorprendió a todos, que esperaban un fallo “salomónico”, que mostrara una Corte equidistante de los actores en juego. ¿Por qué dos días después de las elecciones de medio término? ¿Hubiera sido el mismo fallo con otro tipo de resultados electorales? ¿Quién imaginaba un fallo tan favorable a la Ley? ¿Fueron las audiencias públicas -en las cuales Clarín mostró sus argumentos más débiles- la instancia determinante para esta decisión?

¿Toda la Ley trata sobre la adecuación de Clarín? No, por el contrario, otra veintena de grupos que se exceden en su cantidad de licencias deben desprenderse de las que le sobran adecuándose a derecho. Pero todos ellos han presentado sus propuestas a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual -AFSCA-, organismo de aplicación de la Ley, en tiempo y forma. Sólo Clarín no lo hizo, y este mecanismo de negación frente al Estado hoy se le puede volver en contra, ya que es posible que se el mencionado organismo actúe de oficio, eligiendo de qué licencias debe desprenderse.

Pero la Ley no solamente se propone acabar con la concentración del mercado, sino también -desde un enfoque de la comunicación como derecho humano y no como mero negocio comercial- impulsar la pluralidad de voces, es decir, que nuevos actores sean sujetos legales de comunicación. Y no solo los nuevos, ya que entre estos actores están decenas de radios comunitarias que nacieron fuera de la ley dictatorial a fines de los años ochenta y aún esperan obtener su licencia. Pero también los medios de los pueblos originarios, de las escuelas primarias, secundarias y de institutos terciarios, de las pequeñas y medianas empresas que apuestan por el mercado local, de los municipios, las universidades, que vienen constituyéndose como productores de nuevas miradas, relatos y versiones de las realidades que no son del interés de los medios de las grandes ciudades.

¿Qué pasará en el día después de este 29-O? Los grupos que no cumplen con la Ley deberán adecuarse. Pero también será necesaria una fuerte dinámica social y política para poner en marcha la totalidad de los artículos de la normativa: los que refieren a la desmonopolización, pero también los que fomentan económicamente a los medios comunitarios y populares, los que definen la necesidad de un Plan Técnico para ordenar las frecuencias, los que promueven la producción de contenidos locales y la música nacional e independiente, los que promueven la equidad de género y el respeto por los derechos de la infancia y las personas con discapacidad, los que permiten ampliar con fuerza y consistencia el mapa comunicacional, donde sean muchos y diversos los actores -privados, comunitarios, públicos- que estén habilitados para ser sujetos legales de comunicación. Para esto, será clave no solamente la imprescindible gestión del Estado sino también la movilización popular, ésa que comunica en la calle, en el territorio, en la organización de base, escenarios donde la comunicación y los medios pueden lograr un fuerte impulso, aunque no sean acciones que cotizan en Bolsa.



Publicado en el portal de Telam el 30/10/13 . escrito por Diego Jaimes